La seguridad jurídica de los inversores en España depende de una correcta planificación de la retención en origen. El pasado 12 de enero de 2026, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que cambia las reglas del juego para quienes operan con sociedades en el extranjero.
Como especialistas en fiscalidad internacional, analizamos este cambio que afecta directamente al Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR).
El riesgo de las estructuras sin sustancias económica
Muchos grupos empresariales utilizan sociedades en países como los Países Bajos para canalizar el pago de royalties. El objetivo suele ser aplicar la exención de retención que ofrece la normativa de la Unión Europea. Sin embargo, Hacienda ha endurecido su vigilancia sobre lo que denomina “sociedades pantalla“.
En el caso analizado, el tribunal detectó que el dinero terminaba en Curazao. Al no ser la sociedad europea la “beneficiaria efectiva“, la retención del 0% fue anulada de inmediato.
Consecuencias de una gestión fiscal incorrecta
Si su estructura es cuestionada, el impacto financiero es doble. Primero, se pierde el beneficio de la Directiva Europea. Segundo, y más grave, el Supremo prohíbe aplicar los tipos reducidos de los Convenios de Doble Imposición si detecta abuso.
Esto obliga a aplicar la retención máxima de la normativa interna española, situada en el 24,75%. Esta cifra puede comprometer seriamente la rentabilidad de cualquier activo de propiedad intelectual o marca registrada.
Protección y Representación Fiscal para inversores
Para evitar una retención imprevista, es fundamental que la entidad receptora de los fondos tenga sustancia real. No basta con una dirección fiscal; debe contar con medios materiales y humanos que justifiquen su actividad en el país de residencia.
En nuestra asesoría, Consultinfo, con años de experiencia, ofrecemos seguridad en cada transacción inmobiliaria o comercial. Aseguramos que cada retención practicada cumpla con los estándares del Tribunal Supremo y el Derecho de la Unión.
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